Artículo original publicado por Bill Wirtz el 4 de Septiembre 2020.
Traducción a de Inglés a Español realizada por Ibidem Group.
Artículo original en Inglés en www.wirtzbill.com

The translation was performed by Ibidem Group.

Da igual qué ideología política tengas, no se puede negar que las redes sociales están llenas de contenidos horribles: ciberacoso, chantaje, violación de la privacidad, antisemitismo, o simplemente insultos sin sentido arrojados a tweets, publicaciones de Facebook, o a las fotos más inocentes de Instagram. Las redes sociales llevan mucho tiempo utilizando normas comunitarias para luchar contra muchos de los contenidos que no quieren que aparezcan en sus plataformas. Si lo vemos desde la perspectiva de un contrato, es bastante justo: uso plataformas gratis, como Facebook, y, a cambio, acepto que se use parte de mis datos personales en tareas de marketing y que Facebook pueda eliminar el contenido que no cumpla sus normas.

Las ideologías políticas más conservadoras rechazan el predominio de algunas redes sociales y justifican su posición desde una perspectiva antimonopolio. Hay quien cree que el dominio de Facebook y Twitter no tiene fecha de caducidad, cuando es obvio que el mercado cambia constantemente. Solo hay que ver la reacción de algunos medios de comunicación a la compra de Instagram por parte de Facebook, o leer artículos como “Will MySpace ever lose its monopoly?” (“¿Llegará el día en que MySpace pierda el trono?”), publicado por The Guardian en 2007, o “Can anyone catch the cell pone king? (“¿Puede alguien atrapar al correcaminos?”), publicado en la portada de Forbes en 2007 para hablar de Nokia.

A la izquierda tampoco le gustan las redes sociales por la misma razón por la que tampoco le gustan las grandes empresas: considera injusto que se les hayan reducido las cargas fiscales tras negociar con los gobiernos y que se les aflojara la mano en materia de impuestos. Esto resulta especialmente llamativo en Europa, ya que ninguna de las principales empresas tecnológicas a nivel mundial es europea.

Sin embargo, el debate ya no se centra tanto en la envergadura de estas empresas, sino en el discurso que encontramos en sus plataformas. Cada vez es más habitual que los gobiernos no solo etiqueten como «contenido inapropiado» el acoso, el chantaje o el fraude, sino también las voces contrarias, y que cuestionen la veracidad de las noticias. Con respecto a esto último, la Unión Europea creó en 2015 la plataforma EUvsDisinfo, cuyo objetivo es destapar fake news. En 2018, escribí un artículo en el que exponía que la plataforma usaba opiniones para desacreditar y censurar y en el que se podía leer:

«En enero, algunas webs holandesas descubrieron que EUvsDisinfo había etiquetado su contenido como fake news. Los euroescépticos habían criticado en sus webs las políticas ucranianas y la SEAE, que no quiso retractarse, las ligó estas páginas a la publicación de fake news. Como resultado, EUvsDisinfo acabó ante los tribunales. Resumiendo: una plataforma que se había creado bajo el manto de la UE para detectar fake news no estaba dispuesta a justificar la calificación de fake news que ella misma había otorgado.»

Bruselas, dentro de su plan de creación de una Ley de Servicios Digitales para la Unión Europea, se está planteando la posibilidad de imponer multas a las redes sociales que permitan que haya “contenido inapropiado” en sus plataformas. Esto plantea tres problemas:

1. Los gobiernos han sido ambiguos a la hora de definir “contenido inapropiado”, es decir, de diferenciar lo que es un discurso ilegal de lo que no;
2. Las redes sociales tendrán que automatizar el control del contenido cuando ni siquiera se les permite eliminar el contenido después de su publicación, lo que dará lugar a filtros automáticos que no son capaces de distinguir el contexto a la hora de subir contenido;
3. Este sistema convierte a las redes sociales en policía política.

Si los gobiernos quieren controlar la libertad de expresión online, estos deben definir primero lo que es contenido “inapropiado” y, después, la Fiscalía debe defender su posición ante los tribunales, de manera que el debate se pueda abrir al público. Sin embargo, obligar a Facebook a jurar bandera para defender la libertad de expresión online es antiliberal y choca con el objetivo de conseguir una sociedad abierta.

Desafortunadamente, Twitter se ha adelantado a las posibles regulaciones y multas y ya ha tomado medidas para “luchar contra la desinformación”. Ahora Twitter etiqueta los medios que reciben financiación del gobierno y pone el foco sobre la desinformación de medios como Russia Today. Tal y como se ha señalado, no resulta coherente: «Los medios financiados por el Estado con independencia editorial, como la BBC en el Reino Unido o NPR en EE.UU., por ejemplo, no se etiquetan». El resultado de todo esto será un aumento de la frustración por parte de los usuarios en relación con la neutralidad y honestidad de los medios de comunicación y sus redes sociales.